Actualmente la política española en tema de reconocimiento y tutela de los derechos de los residentes extranjeros se vivide entre 1) reciprocidad; 2) apertura local, que según los ultimos acontecimientos de Vicky y antes de Torrejon, se presenta en parte descontrolada normativamente y si no hubiera tenido una relevancia mediatica, teniendo en consideración que el empadronamiento en la única forma para conseguir el derecho de Arraigo Institucionalizado en el 2005; y 3) cierre nacionalista.
Cuando nos referimos a los residentes extranjeros tenemos que hacer una distinción entre los Europeos y Extraeuropeos y hay que matizar que cabe aqui otra distinción entre los paises con asignan derechos de reciprocidad a los residentens españoles y aquellos que deniegan esta reciprocidad.
La orientación de las reformas legislativas de los últimos años en los países de la UE, así como el monopolio temático que parece ostentar la ordenación y el control de flujos en la agenda de las denominadas políticas migratorias estatales ha comportado la tendencial limitación del ámbito de análisis y discusión pública en materia de inmigración a cuestiones relacionadas con el control de fronteras, la obtención de autorizaciones de residencia y la articulación del nexo entre inmigración y mercado de
trabajo.
La indudable relevancia de los temas señalados -todos ellos asociados de un
modo u otro a las “políticas de acceso”- , así como la trascendencia simbólica que para
los países europeos –especialmente para aquéllos sin tradición receptora- ha tenido en las últimas décadas la llegada de flujos migratorios, ha generado una estructura de
sentido común -si queremos, una prelación jerárquica casi naturalizada- en la que la
integración de los inmigrantes en la sociedad de acogida (las “políticas de
coexistencia”) ocupa un lugar subordinado con respecto a todo lo que gira alrededor del
acceso. A pesar de los avances producidos hasta hoy, la constitución del inmigrante no
comunitario como actor político y cívico pleno, tropieza todavía con obstáculos
institucionales. la participación política y social de los inmigrantes en la vida pública es una de las claves de la dimensión “cívica” del discutido e inevitablemente polémico concepto de integración –o, al menos, de uno de sus significados, que involucra la consideración del inmigrante como miembro pleno de la comunidad sociopolítica de acogida-, es conveniente profundizar en el análisis de las posibilidades y las limitaciones para la construcción de un modelo de ciudadanía activa e inclusiva en el que la base del contrato social y de la participación y la capacidad de influencia en los asuntos comunes no sea la nacionalidad (o la nacionalización), sino la residencia o el domicilio. Sobre estas bases y fines político se abren las puertas al primer Partido de los Extranjeros en España y creo en Europa. Sí puede ser que sea en parte el teórico de este movimiento pero nada se puede hacer sin todos aquellos que escuchando nuestra opiniones nos están apoyando en este proceso de integración civil y social para la creación de una sociedad, en palabras de Habermas, Supranacional.
Próximamente postaré mi discurso que se celebrará en el I Congreso.
